¿Qué es el cumplimiento de la ley sobre vida silvestre?
El Grupo de Trabajo de la CAR-WEN está sentando las bases de una red formal de cumplimiento de la ley sobre vida silvestre en el Gran Caribe, orientada a prevenir, reducir y poner fin a los delitos contra la vida silvestre que amenazan la biodiversidad, los recursos naturales y las comunidades que dependen de ellos. Por eso, conviene responder con claridad una pregunta fundamental: ¿qué entendemos realmente por «cumplimiento de la ley sobre vida silvestre»?
La respuesta breve es que su significado depende de tres conceptos relacionados: «vida silvestre», «delitos contra la vida silvestre» y las «acciones de cumplimiento de la ley» destinadas a prevenir, reducir y responder a esos delitos. Si cambia cualquiera de esas definiciones, también cambia el significado práctico del «cumplimiento de la ley sobre vida silvestre».
En este artículo, explicamos esos conceptos fundamentales en un lenguaje sencillo y después los integramos en una definición clara del cumplimiento de la ley sobre vida silvestre, tal como la utiliza el Grupo de Trabajo de la CAR-WEN en el conjunto de su labor.
Definir la «vida silvestre»
Al oír la expresión «vida silvestre», muchas personas piensan en animales terrestres no domesticados, especialmente en las especies más visibles en la vida cotidiana o en áreas protegidas y zoológicos accesibles al público. Esa interpretación limitada es común, pero no abarca toda la diversidad de organismos vivos afectados por los delitos contra la vida silvestre y las acciones de cumplimiento de la ley en el Gran Caribe.
En la práctica, la vida silvestre puede entenderse en un sentido mucho más amplio que el de los animales terrestres. Puede incluir animales marinos, plantas terrestres y marinas y otras formas de biodiversidad, como invertebrados y hongos, con énfasis en organismos y poblaciones silvestres no domesticados. Esta definición más amplia es importante porque los delitos contra la vida silvestre en el Gran Caribe suelen involucrar una gran variedad de organismos que pueden tener importancia ecológica y ser objeto de explotación, comercio u otras actividades perjudiciales. Entre los ejemplos figuran animales terrestres como loros, aves canoras e iguanas; animales marinos como tortugas marinas, corales, langostas, caracoles marinos, tiburones, rayas y anguilas; plantas terrestres como orquídeas silvestres, cactus y árboles maderables; y plantas marinas como pastos marinos y algas marinas.
Es igualmente importante reconocer que no podemos separar la vida silvestre de sus hábitats y ecosistemas sin debilitar aquello que buscamos proteger. Las especies dependen de los sistemas naturales que las sustentan, por lo que los daños a los hábitats y ecosistemas suelen traducirse directamente en daños a la vida silvestre, incluso cuando no se observa la captura, muerte, recolección o comercialización de ningún ejemplar. En el Gran Caribe, esto incluye impactos sobre arrecifes de coral, manglares, praderas de pastos marinos, humedales, bosques, cuencas hidrográficas y lugares de anidación o reproducción de los que dependen muchas especies. En términos prácticos, esto significa que las actividades ilegales que degradan los ecosistemas pueden formar parte del panorama de los delitos contra la vida silvestre, porque debilitan las poblaciones silvestres y la resiliencia ecológica a lo largo del tiempo.
Para el Grupo de Trabajo de la CAR-WEN, utilizar una definición más amplia responde a una necesidad práctica, no a una cuestión filosófica. Las definiciones orientan la acción. Su alcance influye en qué se monitorea y registra, qué organismos tienen competencia, qué se prioriza para la prevención y la respuesta, y qué daños justifican una intervención conforme a las leyes y políticas. Una definición práctica y compartida ayuda a los gobiernos y a sus socios a armonizar expectativas y coordinarse con mayor eficacia en todo el Gran Caribe.
Los guacamayos azules y amarillos ilustran cómo muchas especies silvestres dependen de hábitats saludables para alimentarse, refugiarse y anidar. Crédito: Roger Neckles.
Definir los «delitos» y los «delitos contra la vida silvestre»
Al igual que la vida silvestre, el concepto de «delito» es más complejo de lo que puede parecer a primera vista. En ocasiones, los delitos contra la vida silvestre constituyen infracciones claras de la ley: una extracción ilegal, una venta ilegal o un envío ilegal que pasa por un puerto o aeropuerto. En otras ocasiones, se sitúan en una zona gris en la que el daño es real, pero las normas son poco claras, difieren entre países, son difíciles de aplicar en la práctica o simplemente no existen.
En las definiciones tradicionales, un delito es una infracción de la ley o de la normativa, incluidos los compromisos derivados de los acuerdos internacionales pertinentes. El concepto de «delitos contra la vida silvestre» aplica esa misma idea a la vida silvestre, sus productos y las actividades que perjudican a los organismos silvestres y sus hábitats. Esta definición mantiene el carácter práctico del concepto porque se corresponde directamente con los asuntos en los que los organismos están facultados para intervenir y sobre los que los gobiernos pueden coordinarse mediante acciones para hacer cumplir la ley, la observancia de las normas y la cooperación.
En la práctica, sin embargo, los límites jurídicos de los «delitos contra la vida silvestre» no siempre son uniformes. Las normas pueden variar entre jurisdicciones, de modo que una misma actividad reciba un tratamiento muy diferente de un país a otro. Algunas leyes pueden estar desactualizadas o no ajustarse a las realidades de la conservación y la gestión, lo que puede generar vacíos legales, una aplicación desigual de la ley o confusión tanto entre los funcionarios encargados de hacerla cumplir como entre el público. En otros casos, el problema no es que la ley sea incorrecta, sino que está incompleta, es poco clara o no cuenta con los procedimientos y las capacidades necesarios para aplicarla de manera uniforme.
Para el Grupo de Trabajo de la CAR-WEN, estas son las razones por las que es importante definir con precisión el concepto de «delito» sin dejar de reconocer las zonas grises. La cooperación regional funciona mejor cuando los Estados participantes comparten una comprensión de lo que es ilegal dentro de sus jurisdicciones y de las diferencias fundamentales entre leyes o reglamentos que pueden afectar la coordinación transfronteriza. Prestar atención a los ámbitos en los que las normas son poco claras, desiguales o inexistentes también ayuda a identificar dónde unas definiciones más claras, enfoques actualizados o marcos jurídicos y normativos más sólidos podrían mejorar los resultados a lo largo del tiempo, respetando la soberanía de los Estados participantes.
Los campamentos de caza ilegales pueden plantear situaciones jurídicas complejas: en algunas jurisdicciones, el uso de una estructura como vivienda puede limitar los registros sin orden judicial mientras esté ocupada, incluso si se construyó ilegalmente. Crédito: Nurture Nature.
Definir las «acciones de cumplimiento de la ley»
Al oír la expresión «cumplimiento de la ley», muchas personas piensan en sus manifestaciones más visibles: patrullajes, inspecciones, incautaciones, notificaciones de infracción y detenciones. También suelen considerarlo una labor realizada principalmente por organismos gubernamentales. Esas acciones y esos actores son fundamentales, pero representan solo una parte de lo necesario para reducir de manera sostenida los delitos contra la vida silvestre.
En la práctica, las «acciones de cumplimiento de la ley» pueden entenderse de forma más amplia como el conjunto de acciones que diversos actores sociales llevan a cabo para prevenir, reducir y responder a los delitos contra la vida silvestre. Esta perspectiva abarca el trabajo operativo de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los procesos judiciales posteriores, pero también las acciones que crean las condiciones para que esa labor sea más eficaz a largo plazo, especialmente en contextos complejos y transfronterizos como el Gran Caribe.
Por ejemplo, estas acciones pueden incluir iniciativas más amplias de cambio de comportamiento para reducir la demanda de productos ilegales de vida silvestre, reformas jurídicas y normativas para cerrar vacíos legales y aclarar competencias, y vigilancia y control de la bioseguridad para reforzar la protección de las fronteras frente a las especies invasoras y los riesgos asociados. También pueden incluir la creación y gestión del conocimiento, como la investigación, la recopilación de datos y el desarrollo de herramientas analíticas que ayuden a los organismos a comprender las tendencias y a orientar sus recursos limitados de manera más eficaz. En determinados contextos, también pueden incluir el desarrollo de medios de vida alternativos que reduzcan los incentivos para realizar actividades ilegales perjudiciales para la vida silvestre.
Esta perspectiva más amplia también cambia nuestra comprensión de quiénes participan en el cumplimiento de la ley. Los gobiernos y los organismos competentes siguen siendo fundamentales, pero la eficacia de esta labor suele depender de una red de apoyo más amplia. Los usuarios de los recursos naturales, como pescadores y cazadores, desempeñan un papel clave, porque las decisiones cotidianas sobre la legalidad, las temporadas, los métodos y la comunicación de posibles infracciones pueden reducir los riesgos o crear oportunidades para los delitos contra la vida silvestre. Las organizaciones de la sociedad civil pueden contribuir al monitoreo, la comunicación de posibles infracciones y la educación pública. Los investigadores universitarios y los expertos técnicos pueden aportar investigación aplicada y apoyo analítico que fortalezcan la toma de decisiones y la focalización de las intervenciones. Los grupos comunitarios, incluidos los que participan en el cuidado y la gestión de áreas protegidas o que las utilizan y valoran habitualmente, pueden reforzar la observancia de las normas a nivel local y ayudar a comunicar posibles infracciones de manera temprana. Las empresas del sector privado, incluidas las tiendas de mascotas y los proveedores de equipos, también pueden influir en la legalidad y en las prácticas cotidianas de formas que reduzcan los riesgos o faciliten actividades ilegales. Estas funciones no sustituyen la autoridad gubernamental, pero pueden reforzar las condiciones que permiten un cumplimiento de la ley más uniforme y sostenido.
Para el Grupo de Trabajo de la CAR-WEN, este enfoque más amplio tiene una utilidad práctica. Refleja el hecho de que mejorar el cumplimiento de la ley sobre vida silvestre en el Gran Caribe exige una acción coordinada entre múltiples instituciones, disciplinas y socios. También permite desarrollar una comprensión compartida de toda la variedad de enfoques que pueden utilizarse para prevenir, reducir y responder a los delitos contra la vida silvestre a lo largo del tiempo.
El cumplimiento de la ley sobre vida silvestre va mucho más allá de las detenciones y las incautaciones. También incluye la prevención, el monitoreo y el trabajo que crea las condiciones para que el cumplimiento de la ley sea eficaz. Crédito: Nurture Nature.
Llevar a la práctica el «cumplimiento de la ley sobre vida silvestre»
En conjunto, estas definiciones permiten establecer un significado práctico del «cumplimiento de la ley sobre vida silvestre». Para el Grupo de Trabajo de la CAR-WEN, este concepto se refiere a las acciones coordinadas y a los actores que las llevan a cabo para prevenir, reducir y responder a los delitos contra la vida silvestre que afectan a los organismos silvestres y sus hábitats naturales en todo el Gran Caribe. Es un concepto que abarca el sistema en su conjunto e incluye tanto la respuesta visible de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley como el trabajo que hace posibles la prevención, la observancia de las normas y la coordinación entre jurisdicciones, y que contribuye a una gestión más eficaz de la vida silvestre a lo largo del tiempo.
Este enfoque de las definiciones se refleja en los materiales fundamentales del Grupo de Trabajo. El borrador del Memorando de Entendimiento (MdE) define términos clave, como «vida silvestre», «delitos contra la vida silvestre» y «cumplimiento de la ley sobre vida silvestre», y presenta un amplio conjunto de áreas de cooperación que, en su conjunto, describen lo que el cumplimiento de la ley sobre vida silvestre puede abarcar en la práctica en los Estados participantes. El Plan Estratégico parte de esa base al identificar los principales delitos contra la vida silvestre y los desafíos para el cumplimiento de la ley que afectan a la región, y al describir diversas estrategias para abordarlos. Asimismo, el Kit de Herramientas de Evaluación Rápida se está diseñando para ayudar a los socios a evaluar no solo las infracciones claras de la ley, sino también las condiciones de las zonas grises que influyen en los resultados, como los vacíos normativos, la aplicación desigual y las limitaciones de capacidad.
En conjunto, estos documentos y herramientas convierten los conceptos compartidos en orientaciones prácticas. Ayudan a la comunidad de la CAR-WEN, a los gobiernos del Caribe y a los socios a armonizar expectativas, identificar dónde se necesita coordinación y elegir una combinación adecuada de enfoques para los distintos problemas y contextos relacionados con los delitos contra la vida silvestre en el Gran Caribe.
Avanzar hacia la acción regional
La idea central es sencilla: el «cumplimiento de la ley sobre vida silvestre» depende de cómo entendemos colectivamente los conceptos de «vida silvestre», «delitos contra la vida silvestre» y «acciones de cumplimiento de la ley». Cuando esas definiciones son integrales, prácticas y compartidas, los gobiernos y sus socios pueden coordinarse con mayor eficacia para elegir la combinación adecuada de enfoques frente a los distintos desafíos que plantean los delitos contra la vida silvestre en el Gran Caribe.
De cara al futuro, el Grupo de Trabajo de la CAR-WEN seguirá utilizando su definición del cumplimiento de la ley sobre vida silvestre como referencia práctica en sus documentos, herramientas y trabajo colaborativo. A medida que el Grupo de Trabajo siga sentando las bases de una red regional plenamente establecida, este lenguaje común ayudará a mantener los esfuerzos alineados y facilitará convertir las prioridades compartidas en acciones concretas.
